En un escenario internacional que estalló con el destape de las hipotecas "basura" en el 2008, la Argentina apeló a blindar su economía y apostar a "Vivir con lo nuestro", una decisión que tuvo como antecedente la sorpresiva cancelación de la deuda con el FMI e incluyó la estatización de las AFJP, entre otras medidas clave.
Antes de aquel evento que desnudó la voracidad del sistema financiero internacional y de los fondos especulativos o "buitres", el crecimiento de la economía argentina había sido notable.
A tal punto que aún teniendo en cuenta el impacto de la crisis mundial en los últimos años, durante la década 2003-2013 el Producto Bruto aumentó 90%, en lo que constituyó uno de los dos períodos de mayor crecimiento en la historia, aunque la comparación se realice con la crisis 2001/2002, el hundimiento económico y social más profundo.
Buena parte de ese crecimiento se explica por una política de dólar competitivo y extraordinario boom mundial de los commodities —encabezados por la soja y la demanda récord desde China— un modelo que en realidad había empezado a tomar cuerpo cuando Eduardo Duhalde nombró a Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía.
A tal punto que Néstor Kirchner, el candidato que Duhalde ayudó a llegar al poder el 25 de mayo de 2003, profundizó la política de dólar alto, exportaciones récords y superávit fiscal gemelos (fiscal y comercial), y retuvo a Lavagna en el cargo.
Desde 2003 a 2007, el gobierno acertó en impulsar la demanda y recalentar el mercado interno, y se alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual del 8,9%, lo que se denominó tasas chinas", con una inflación mucho más razonable que la actual, del 7,1 por ciento.
A partir del 2007, con la asunción de Cristina Fernández en el marco de una estrategia de alternancia que quedó trunca con la muerte de Kirchner en el 2010, aparecieron algunos semáforos alertando sobre ciertos desajustes en el modelo.
Se perdió de vista la necesidad de atraer cada vez más inversiones y sobre todo buscar mejoras en los niveles de productividad, en especial vía incorporación de maquinaria y capacitación de personal, algo que, salvando las distancias, Estados Unidos y Alemania habían entendido mejor que nadie tras la Segunda Guerra Mundial.
La necesidad de seguir sosteniendo el consumo, pero ahora en forma más artificial vía subsidios cada vez más abultados, hizo reaparecer el fantasma tan temido por los argentinos: la inflación.
Si bien la tasa de crecimiento promedió el 7,1% anual, la inflación se triplicó y llegó al 20 por ciento anual, lo cual pegó en la línea de flotación del modelo: los superávits gemelos y la competitividad, ya que el dólar se fue retrasando.
Encerrada en esa lógica, y ya sin el sostén de su marido, la Presidenta cometió el error de atribuir las inconsistencias del modelo a una conspiración de productores, empresarios y medios de comunicación.
La jefa de Estado prefirió no aplicar las recetas que hacían falta para no quedar atrapados en lo que terminó siendo la encerrona cambiaria y la fuga de capitales más fuerte desde el final del gobierno de Raúl Alfonsín, que cambió la dinámica de la economía —por ejemplo golpeando muy duro al sector inmobiliario y generando mayor incertidumbre y 100 mil obreros de la construcción suspendidos— y deja un final abierto.
La emisión monetaria descontrolada para financiar el gasto, la ineficiencia cada vez más pronunciada de sectores de la economía, la ausencia de mano de obra calificada, pero sobre todo los cambios de reglas de juego constantes que espantaron las pocas inversiones extranjeras que apuntaban a llegar o alejaron a las que ya estaban, deja a la Argentina con un horizonte que abre muchos interrogantes.
Los controles de precios sonaron a algo muy parecido al fracaso, como lo demuestra el hecho de que no se pudieron mantener y debieron acotarse de 10.500 a apenas 500 productos.
Pero el Estado no parece siquiera en condiciones de garantizar que esos 500 productos sigan congelados, y por eso la Presidenta, en una jugada riesgosa, apeló a "desplegar" —según sus propias palabras— a la entusiasta y aguerrida militancia kirchnerista todoterreno para controlarlos.
La medida puede sentar un precedente riesgoso: si hoy se usa a la militancia para controlar los precios, tal vez mañana se la termine tratando de utilizar para otros fines de control sobre la economía y la sociedad que termine creando una fuerza paralela al Estado y convirtiendo a movimientos sociales en órganos con poder casi policíaco.
La sociedad "atenta y vigilante" propuesta por la Presidenta a través de un programa que bautizó "Mirar para cuidar", refleja que si existe una variable fuera de control que el gobierno no puede controlar son los precios.