El día 09 de setiembre de 2012 escribí en este mismo medio un artículo analizando la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual. Hoy, nuestra señora Presidente, conmemorando el tercer aniversario de la promulgación de dicha norma, habló por cadena nacional. No voy, en este momento, después de tres años de “aguantar” publicidades de “atacantes y atacados” a analizar los alcances futuros de la aplicación de esta norma, pero sí voy a tratar de hacer una propuesta sobre el canal de televisión manejado por el Estado. El artículo primero de esta ley dice lo siguiente:
Alcance: el objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.
Como vemos este artículo se basa entre otros ítems en la democratización de todas las emisiones que tengan su origen en nuestro país y, sin embargo, toda la programación de la denominada “televisión pública” gira en torno del apoyo incondicional al gobierno de turno.
Llegado a este punto, es bueno aclarar que público significa “Perteneciente o relativo a todo el pueblo” y partidario “Que sigue un partido o bando”, por lo tanto, le sugiero a la señora presidente de la Nación y como los gastos que ocasiona mantener en el aire a este canal lo pagamos los 40 millones de argentinos, le otorgue equitativamente el 46 % de la programación del mismo a la oposición en la proporción que tuvo cada uno en las últimas elecciones presidenciales.
En caso de no acceder a este pedido cambie el nombre del mismo por “la televisión partidaria” y sea solventado solamente por el aporte voluntario del 54 % de los ciudadanos que estuvieron de acuerdo con su proyecto de gobierno.